SITEL, EL OJO QUE TODO LO VE DEL GOBIERNO SOCIALISTA ESPAÑOL.


En las últimas semanas se ha producido una polémica debido al sistema SITEL. Se trata de un moderno sistema informático que se comunica con los ordenadores de las redes telefónicas, para así poder interceptar las comunicaciones de cualquier ciudadano (tráfico de llamadas, mensajes de móvil, accesos a Internet e incluso localización geográfica). SITEL fue adquirido por el gobierno del PP en el año 2001, tras los atentados contra las Torres Gemelas, pero no fue puesto en práctica debido a las dudas legales que había sobre su aplicación. Parece ser que Zapatero y Rubalcaba no han tenido tantos reparos.

¿Cómo funciona este mecanismo? antes de existir SITEL, para poder pinchar una línea telefónica, el agente investigador, a través de la policía, tenía que pedir permiso judicial. Después, se efectuaba la grabación, que se almacenaba en una cinta. Dicha cinta se mostraba al juez, que decidía qué parte se guardaba para el sumario. El resto se destruía.
Con SITEL, de entrada, la policía le da al agente investigador una serie de datos sobre la persona sospechosa : nombre, domicilio, correo electrónico…tras lo cual, se pide la orden judicial. Se efectúa la grabación en un CD que se muestra al juez, que decide qué parte se guarda y cuál se destruye, pero la grabación original no se destruye, sino que permanece en SITEL.
Esto significa, en primer lugar, que las Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia pueden tener acceso a los datos personales de cualquier usuario de teléfono móvil en España, en cualquier momento, sin tener autorización judicial. La policía puede saber con quién hablamos, desde dónde y durante cuánto tiempo.
En segundo lugar, no existe ningúna garantía de que los datos no puedan ser manipulados, ni en origen, es decir, en las bases de datos de las compañías, ni en destino, una vez obtenida la grabación, ya que la misma se envía en forma escrita o en forma de archivo de texto al juez, pero dichos archivos no tienen firma electrónica, por lo que no hay garantías de que puedan efectuarse modificaciones en las grabaciones.
En tercer lugar, todo este proceso debería ser supervisado por un juez desde el principio pero, como hemos dicho, esto no es así. Incluso muchos jueces han declarado que desconocían por completo la existencia de SITEL. En teoría, una vez autorizado el pinchazo, los agentes de policía lo llevan a cabo pero, por encima de ellos, el seguimiento de toda la operación debería efectuarse desde un puesto de control, que debe ser supervisado por un juez. La policía efectuaría los pinchazos pero el contenido de las conversaciones iría directamente al puesto de control.

Pero con SITEL el proceso no es así, ya que ningún juez supervisa el puesto de control, sólo se dan una serie de órdenes por escrito que son recogidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, tampoco hay ninguna garantía de que nadie pueda realizar escuchas sin autorización judicial. Además, las operadoras de telefonía están obligadas a dar los datos personales de sus clientes a la policía previamente a la orden de interceptación.
Para terminar de empeorar la situación, el sistema SITEL puede mantener almacenadas las conversaciones grabadas incluso después de que el juez haya ordenado destruirlas. Tampoco tenemos ninguna seguridad de que esos datos guardados vayan a ser utilizados posteriormente contra nosotros.
Este sistema puede volverse muy peligroso si no tiene rigurosos controles sobre su aplicación y, como hemos visto, los controles brillan por su ausencia. Incluso la ley que lo regula es ordinaria, cuando debería ser orgánica, ya que están en juego derechos fundamentales de los españoles, como el secreto de las comunicaciones o el derecho a la intimidad y a la libre circulación de personas, recogidos en la Constitución. Además, con los antecedentes de espionaje que ya tuvieron lugar en los gobiernos socialistas de Felipe González, no es de extrañar que algunos que ya estuvieron en aquellos gobiernos, como Rubalcaba, quieran repetir la jugada, Porque ya sabemos que si eres de izquierdas puedes hacer lo que te dé la gana que siempre estará justificado.
Por lo tanto, desde pedimos la desaparición de este sistema o en su caso, la creación de una ley que lo regule de manera estricta. Una ley que exija control judicial de todo el proceso, que los archivos de las grabaciones presentadas al juez sean de sonido o que lleven certificado digital para que no puedan ser alterados sin dejar huella. Por supuesto, pedimos la eliminación de todos los ficheros una vez el juez decide qué es lo que sirve para la investigación y qué no, porque nadie nos ha explicado aún qué es lo que se hace con la información que no se destruye, ni quién la custodia.
Este sistema da al gobierno una capacidad brutal de control del ciudadano y la excusa de la “lucha contra el terrorismo” ya no nos vale.

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