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El Gobierno Español da luz verde a la reforma de la Ley Electoral y al impulso de la laicidad
EL MUNDO
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, estrenó ayer en nombre del Gobierno el curso parlamentario planteando ante la comisión Constitucional del Congreso una decena de iniciativas que el Ejecutivo pondrá en marcha de aquí a finales de año. En su plan destacan dos proyectos: la modificación de la Ley de Libertad Religiosa, que debería permitir avanzar en la laicidad del Estado, y los primeros pasos para estudiar la reforma de la Ley de Régimen Electoral.
Se trata de dos proyectos que partirán del Ministerio de la Presidencia y en torno a los cuales el Ejecutivo espera construir el máximo consenso. El objetivo último es, según avanzó De la Vega, «elevar el listón democrático».
En este sentido, expuso como primer objetivo la apertura de un debate en torno a las posibilidades de reformar la Ley Electoral. De esta forma, la vicepresidenta da continuidad a la promesa hecha por Zapatero al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, durante el debate de investidura, de constituir una ponencia -que finalmente será una subcomisión parlamentaria- encargada de explorar las modificaciones que necesite el régimen electoral.
El primer paso que ha decidido dar el Ejecutivo es el de solicitar al Consejo de Estado un dictamen urgente que establezca el marco al que deben constreñirse las deliberaciones de la subcomisión parlamentaria. El Consejo tendrá, por tanto, que emitir un informe en el que señalará «las posibles reformas» de la ley.
Dicho documento no tendrá carácter vinculante, pero fuentes gubernamentales aseguran que, en función del mismo, se establecerán las líneas rojas que en ningún caso podrán verse afectadas por la modificación. «Se trata de una medida garantista», explican las citadas fuentes, «a fin de que las posibles reformas no toquen en ningún caso los planteamientos constitucionales».
A partir de ahí, el Ministerio de la Presidencia asegura no tener ningún tipo de «prejuicios». Esta afirmación se extiende incluso, al menos en teoría, a la posibilidad de retocar la Ley D¿Hont, que distribuye los 350 escaños del Congreso en función del número de votos conseguidos en las generales.
No obstante, el principio fijado ayer por De la Vega de que cualquier cambio debe ser aprobado por abrumadora mayoría cierra la puerta a una revisión de esta fórmula, que penaliza en la práctica a los partidos pequeños de ámbito nacional en comparación con las fuerzas nacionalistas, y beneficia abiertamente a los dos grandes.
Los resultados de las pasadas elecciones pusieron de manifiesto con toda claridad el agravio comparativo entre formaciones como Izquierda Unida o la nueva Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez, con otras de alcance autonómico como el PNV o CiU.
Los nacionalistas vascos consiguieron, por ejemplo, seis escaños en el Congreso, en tanto que UPyD sólo obtuvo uno pese a haber cosechado 200 votos más que el PNV. A IU-ICV le sucedió otro tanto. La formación liderada por Gaspar Llamazares logró casi un millón de votos que sólo se han traducido en dos diputados, en tanto que CiU, con 200.000 sufragios menos, cuenta con 11 puestos en el Congreso.
En relación con este proyecto de reforma, el Gobierno afirma también no poner obstáculos a priori a un posible incremento del número de diputados (en la actualidad hay 350, pero la ley contempla un máximo de hasta 400). Igualmente, se someterá a estudio la posibilidad de convertir al casi millón y medio de españoles residentes en el extranjero en una circunscripción electoral.
Por lo que se refiere a la modificación de la Ley de Libertad Religiosa, la intención es, según explicó la número dos del Ejecutivo, el de «alcanzar la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado». En opinión del Gobierno, la actual ley orgánica, que data de 1980, debe «adecuarse a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy». En definitiva, se trata de incluir en la norma el reconocimiento del derecho fundamental a ejercer la libertad de conciencia como se recoge en el artículo 16 de la Constitución.
El Gobierno recalca que la nueva ley que resulte de la modificación, en ningún caso pretende ir contra la iglesia católica, mayoritaria en España, sino «ampliar derechos» para las demás confesiones. En este sentido, aseguran las fuentes consultadas, también reconocerá los derechos de quienes se definan como agnósticos.
De la Vega viaja hacia la laicidad
EL PAÍS
El Gobierno arranca la legislatura con planes reformistas que desencadenarán un fuerte debate social y político al tocar dos aspectos clave en el funcionamiento del Estado mediante la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, para avanzar en la laicidad de España a la que se opone la Iglesia y el PP, y la revisión de la Ley Electoral General, vigente desde 1985.
El Gobierno arranca la legislatura con planes reformistas que desencadenarán un fuerte debate social y político al tocar dos aspectos clave en el funcionamiento del Estado mediante la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, para avanzar en la laicidad de España a la que se opone la Iglesia y el PP, y la revisión de la Ley Electoral General, vigente desde 1985.
Esta última norma perjudica especialmente a los partidos pequeños, como Izquierda Unida, que presentan candidaturas en todas las circunscripciones y que sacando muchos más votos que otros partidos que sólo se presentan en una comunidad autónoma logran muchos menos escaños en el Congreso.
En cuanto a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció ayer que su objetivo es “avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado” que se traduce “en el reconocimiento de los derechos de los agnósticos, amparado en el artículo 16 sobre la libertad de conciencia”. Otra intención es no discriminar a otras confesiones diferentes de la católica incorporando a la ley los acuerdos que ya existen con ellas. El portavoz del PP, Federico Trillo, expresó “como católico” sus reticencias a la intención del Gobierno.
Además, De la Vega presentó ayer a la oposición en el Congreso, estas intenciones legislativas:
- Reforma de la ley electoral. De la Vega anunció la creación de una subcomisión para abordar cambios en la ley electoral para “ganar en calidad democrática”, buscando “el acuerdo y mayor consenso posible”. Previamente, va a solicitar, con carácter inmediato, un informe al Consejo de Estado sobre las posibilidades de reforma de la Ley de Régimen Electoral. IU y UPD, los principales afectados, ya han presentado iniciativas parlamentarias a este respecto.
- Impacto autonómico de los proyectos de ley. Una novedad es la intención de que todos los proyectos normativos incorporen un informe de impacto autonómico para ponderar “desde la más absoluta objetividad y fiabilidad cómo se ven afectadas las autonomías por cada nueva norma estatal”, según señaló la vicepresidenta primera. “¿Qué estarán tramando ustedes?”, criticó Trillo a este anuncio.
- Reforma de la Constitución. De la Vega recuperó la propuesta de reforma constitucional que el Gobierno intentó en la pasada legislatura y no logró por desacuerdo con el PP. La reforma volverá a estar limitada a cuatro objetivos: hacer del Senado una verdadera Cámara territorial; incorporar la denominación de las comunidades autónomas al texto constitucional; garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e incorporar el concepto de Unión Europea. El PP avisó de que ellos tienen su propia propuesta en la que persiguen blindar las competencias del Estado.
- Ley de igualdad de trato. La Ley Integral para la Igualdad de Trato y Contra la Discriminación fue un anuncio del presidente del Gobierno durante la pasada campaña electoral, con el objetivo de “fomen